Asesoría Legal

Servicios especializados en la defensa de los derechos de los servidores públicos en Ecuador. Soluciones jurídicas ágiles, oportunas y enfocadas en garantizar un entorno laboral digno y justo.

Desvinculación injustificada y precarización laboral

Un problema frecuente en el sector público es la desvinculación injustificada, en la que los servidores públicos son apartados de sus cargos sin el cumplimiento del debido proceso. Esta práctica no solo atenta contra el derecho al trabajo, sino que también compromete otros derechos fundamentales, afectando su estabilidad económica, emocional, familiar y social. Entre los casos más frecuentes tenemos:

Despido injustificado de una persona de su lugar de trabajo
Falta de pagos de salarios y beneficios sociales a servidores públicos

Retraso en el pago de remuneraciones e ingresos complementarios

Retrasar el pago de tu remuneración e ingresos complementarios es una práctica que afecta gravemente a los servidores públicos. Esta situación no sólo genera incertidumbre económica, sino que también infringe el derecho a percibir una remuneración justa dentro del tiempo previsto por la ley, en consecuencia los servidores enfrentan serias dificultades para cubrir sus necesidades básicas, lo que a su vez repercute negativamente en su desempeño y en su entorno familiar.

Acoso laboral y ambiente de trabajo hostil

El acoso laboral, también conocido como mobbing, es una realidad innegable en el sector público. Constantes son los casos, en los que los servidores públicos de manera reiterada son sometidos a tratos humillantes y discriminatorios en forma directa; dichos actos afectan a la salud psicológica, física y sexual de las personas, a su dignidad, y a su entorno familiar y social. Entre las conductas de acoso laboral más comunes tenemos:

Acoso laboral y ambiente de trabajo hostil
Vulneración beneficios laborales mujer en su lugar de trabajo

Falta de acceso o pago a los beneficios de transporte, alimentación, uniformes y guarderías

A pesar que la ley establece como beneficios sociales los servicios de transporte, alimentación, uniformes y guardería son escasas las entidades públicas que cumplen con esta disposición, lo que ha ocasionado que los servidores públicos tengan que asumir estos gastos con el dinero de sus bolsillos, ocasionándoles un grave perjuicio a la economía de sus familias.

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